Las partes hicieron los alegatos de apertura en el debate que se desarrolla en el Tribunal Federal contra Roberto Luis Justo Tagliabue, acusado del delito de trata de personas. Además, declararon dos testigos y en la próxima audiencia podría hablar el imputado.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó a juzgar este lunes al pastor evangélico del barrio Pueyrredon acusado de explotar a jóvenes con adicciones, hacerlos trabajar, retenerles el dinero y ofrecerles un tratamiento de rehabilitación no autorizado.
En el inicio del debate, a cargo del juez Roberto Falcone, estuvo como representante del Ministerio Público Fiscal la titular de la Fiscalía N° 1, Laura Mazzaferri, acompañada además por integrantes de la Mesa Interinstitucional de la Trata que adhirieron a a la acusación. En representación del pastor Roberto Luis Justo Tagliabue estuvo el abogado defensor Mauricio Varela.
La fiscal Mazzaferri, en su alegato, mantuvo la hipótesis acusatoria y describió que el pastor Tagliabué utilizaba como centro de sus operaciones un inmueble en Génova 8149 donde funcionaba el “Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA)”, un supuesto hogar de asistencia que operaba sin habilitación alguna ni personal médico. Allí, junto al templo “Iglesia El Shaddai” ubicado en Brumana 2261 y el comedor comunitario “El Farolito”, habría montado un entramado que encubría una estructura de captación y explotación de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Las víctimas, en su mayoría varones jóvenes con antecedentes de consumo problemático de drogas, pobreza extrema o conflictos judiciales, eran alojados en condiciones precarias y obligados a trabajar en los comercios del imputado —una forrajería y un mercado también ubicados sobre la calle Génova— o a vender productos en la vía pública. El dinero que generaban era administrado por el propio pastor, quien además retenía parte de sus ingresos en concepto de alojamiento, alimentación y hasta el “diezmo” para su iglesia.
A su turno, el abogado defensor Varela planteó toda una teoría diferente del caso, en la que situó a Tagliabue como una suerte de víctima a la que se le armó una causa que se inició por una denuncia falsa.
“Esta causa nació por una mentira dicha por una persona que estaba detenida por haber intentado robar con armas al propio pastor Tagliabue”, expresó Varela y agregó: “El origen de esta causa es una declaración prestada por alguien imputado en una causa por robo agravado por el uso de armas, causa que se tramitó en la justicia provincial. En ese contexto, ejerciendo su derecho de defensa, intentó justificar su conducta inventando que había sido víctima de explotación laboral”.
Varela dijo que el pastor evangélico está sentado “injustamente” en el banquillo y que la acusación es una “construcción ficticia, basada en interpretaciones erróneas, prejuicios ideológicos y una lectura descontextualizada de una realidad social profundamente dolorosa”.
El abogado defensor aseguró que “no hubo encierros ni coacción, que nadie fue retenido contra su voluntad. No hubo explotación. No hubo beneficio económico” y que “no hubo maltrato ni ejercicio ilegal de la medicina, ya que la asistencia brindada era espiritual, no médica”.
Según adelantó el abogado defensor, en la próxima audiencia declarará el imputado para dar su versión de los hechos.
“No podíamos salir ni tener celular”
Entre los testimonios reunidos durante la instrucción, se destaca el de una de las nueve víctimas reconocidas en esta etapa del proceso: “No podíamos salir, no podíamos usar teléfono, no teníamos contacto con nadie. Si no obedecías, te castigaban o te echaban”. Otro joven afirmó haber ingresado al PCRA siendo menor de edad, donde permaneció durante años realizando tareas laborales sin ningún tipo de compensación.
En al menos siete casos, además, la Fiscalía acreditó situaciones de privación de la libertad con fines religiosos, ya que el acusado imponía reglas estrictas de aislamiento, aprovechando su posición como figura de autoridad religiosa.
Maltrato animal y venta ilegal de fauna silvestre
Durante los allanamientos realizados en diciembre de 2021 y agosto de 2022, también se detectó la tenencia ilegal de 97 animales silvestres y 154 animales domésticos en condiciones de hacinamiento y maltrato, hallados principalmente en la forrajería de Génova 8149. Entre las especies rescatadas había jilgueros, cardenales, cotorritas, peces y gallinas criollas, muchas de ellas en peligro de extinción o amparadas por convenios internacionales de protección animal.